Las empresas catalanas optan por la vía voluntaria de la recuperación del suelo sin esperar a la actuación de la inspección
Cataluña es uno de los motores industriales de España y concentra casi una cuarta parte de la producción de bienes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La otra cara de la moneda es que también se convierte en la región susceptible de encabezar el ranking de suelos más degradados, dado que la actividad industrial y comercial es la responsable de la mayor parte de la contaminación del subsuelo y aguas subterráneas. Este hecho ha obligado a la administración a realizar un mayor control para evitar la afectación del territorio y a asegurar la subsanación en caso de detectar importantes anomalías.
La contaminación del suelo es una alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas nocivas derivadas de la actividad humana, que resultan perjudiciales para la salud de las personas y del medio ambiente. Puesto que la degradación de nuestros suelos ha aumentado en las últimas décadas a consecuencia de la industrialización y del desarrollo urbano, una de las soluciones pasa por controlar los focos susceptibles de crear contaminación.
En España no existió una regulación de carácter general que protegiera el suelo hasta abril de 1998, fecha en la que se publicó la Ley de Residuos. Esta ley surgió de la necesidad de adaptar nuestra normativa a la de la Unión Europea en materia de protección de suelos frente a la contaminación. Sin embargo, la ley sólo estableció los principios básicos, y hasta siete años más tarde, gracias al Real Decreto 9/2005, no se hizo efectiva su aplicación.
Así pues, en 2005 la administración obligó por primera vez a las empresas, que desarrollan actividades potencialmente contaminantes, a entregar un informe sobre el estado del suelo que ocupan. Desde ese año, en Cataluña el registro de emplazamientos potencialmente contaminantes ha triplicado el número de ubicaciones bajo necesario control, según datos de la Agencia de Residuos de la comunidad autónoma. Éstos han pasado de cerca de 500 a los 1447 contabilizados en la actualidad.
Posteriormente, la Ley 22/2011 de gestión de residuos y suelos contaminados reguló las obligaciones de los titulares de las actividades potencialmente perjudiciales para el suelo. Entre otras cosas, obliga a las empresas o, en su defecto, al propietario de los terrenos a responsabilizarse de limpiar la zona a través de una empresa especializada en remediación de suelos, como LITOCLEAN, referente del sector. Entre las limitaciones que existen actualmente para un suelo contaminado figura la suspensión del derecho a edificar.
Ante esta normativa, que supuso un aumento de las inspecciones y sanciones, las empresas catalanas han optado principalmente por la vía voluntaria de recuperación del suelo. Es decir, inician el proceso de remediación sin esperar a que sea la propia administración que determine en una inspección que esa zona tiene que ser reparada.
Principales focos de contaminación
Según un informe de la Agencia de Residuos de Cataluña, en el 2016 el 80% de los casos de contaminación tuvo su origen en la actividad industrial y comercial. De entre estos, destacan las estaciones de servicio (un 22%), la industria química (un 16%) y las actividades de gestión de residuos (un 10%).
Los principales contaminantes son TPH-Hidrocarburos derivados del petróleo, en un 42% de los casos, seguidos de los metales, en un 19%.
